Crimen organizado e inseguridad

 

No es ningún misterio: el crimen organizado es, en la actualidad, el mayor problema de la sociedad mexicana.

Ahora bien, ¿en qué consiste o qué entendemos por delincuencia organizada? En términos simples y comprensibles, podemos considerar que en México, hasta la década de los años ochenta del siglo pasado, la delincuencia era la llamada común, enfocada al robo, fraude, homicidio y lesiones. El número de personas que se dedicaban a ella, así como el daño —sobre todo patrimonial—, alcanzaba aproximadamente el 80 % del total; el otro 20 % lo tenía en sus manos la delincuencia organizada.

Por esas fechas, es decir, en los años ochenta del siglo XX, la delincuencia organizada empezaba a crecer. Este tipo de delincuencia se caracteriza porque un grupo de personas se integra bajo un propósito definido de cometer delitos de forma permanente, bajo un esquema de jerarquía y con ciertas reglas para sus miembros. Los delitos a los que se enfocaban eran principalmente los relacionados con drogas, tráfico de personas y tráfico de armas.

La delincuencia organizada, a diferencia de la delincuencia común, requiere para sus operaciones obtener de las autoridades de seguridad pública —por lo común de la policía— tolerancia; es decir, que se pague cuota para permitirles “trabajar”. Con el tiempo, la tolerancia va abriendo paso a la complicidad, y de esta se pasa a la coparticipación.

Este proceso se fue consolidando a lo largo de los años ochenta y noventa del siglo pasado hasta llegar a la situación actual. Creció esta delincuencia de forma desigual, tanto en el ámbito territorial —es decir, en unas regiones del país sigue en la fase de tolerancia— como en otras, donde ya no solo existe coparticipación entre grupos de delincuencia organizada y autoridades de seguridad, sino que se ha extendido a autoridades políticas y administrativas. Además, se amplió hacia actividades como el secuestro, la extorsión, etcétera.

En algunas partes del país, quien gobierna es el crimen organizado; el Estado, en ellas, es un Estado fallido. La violencia ya no es la legal para hacer valer la ley como facultad exclusiva de la autoridad, sino la violencia criminal que exige plata o plomo. El Estado abdicó de su obligación legal de aplicar la ley y supuso que podía administrar la seguridad pública mediante arreglos con el crimen organizado. Al principio, sí fue así; con el tiempo, las complicidades crecieron, el enano creció y ahora es él quien gobierna, mientras que las autoridades se encuentran subordinadas o sometidas.

Ya no solo se trata de drogas o tráfico de personas: se llegó al cobro de piso, al secuestro, al reclutamiento de futuros miembros, etcétera. El negocio se tornó millonario.

Recobrar el control del Estado en las zonas que hoy están en manos del crimen organizado requiere voluntad política, no solo a nivel municipal, sino también estatal y federal; es decir, de presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República y de la mayoría de sus subordinados. No como ha venido sucediendo, donde algunos lo intentan y, de esos algunos, como el del sombrero, pierden la vida.

Desmontar el sistema de complicidades y coparticipación entre autoridades políticas, administrativas y de seguridad con los grupos de la delincuencia organizada va a requerir, además de voluntad política, años —diez, veinte y tal vez más— y pérdidas de vidas de un bando y del otro. Sin embargo, no queda otro camino que transitarlo para recuperar el Estado de derecho, pues en esa ruta se encuentra el futuro de hijos, nietos y demás descendientes.

De inmediato, ¿qué le corresponde a cada persona? Señalar, demandar y exigir que la ley sea la ley. Si el partido político de la 4T afirma que su lema es no mentir y no robar, hay que reclamar que realmente se investigue a quienes en el pasado lo hicieron y que a los del presente que lo hagan también. Fallaremos si encubrimos a gobernadores, senadores, diputados, etcétera, que frecuentemente son señalados de mentir y robar. No investigar, ocultar o solapar a delincuentes o a servidores públicos no es el camino para recuperar la paz y la armonía.

Posdata: tenemos la obligación moral de rendir cuentas a nuestros descendientes y aun a nosotros mismos. Lector amigo, tenemos deberes; cumplámoslos.