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La Reforma Judicial llegó para quedarse. Discutir que el partido en el poder, encarnado en una sola voz —la del Mesías tropical— y quien la heredó en la actual mandataria, “haiga como haiga sido”, logró lo imposible en poco más o menos un año, es decir, hacerse del Poder Judicial —el único que aún no controlaba—, es un hecho.

La situación que ahora confrontamos es la incertidumbre: ¿Qué va a suceder en el tiempo venidero? ¿Qué caminos va a emprender el partido en el poder?

La meta social de abatir la pobreza, de cerrar la brecha entre una enorme cantidad de mexicanos ubicados en la pobreza y una parte de ellos en la pobreza extrema, sigue estando presente. Y ese toral asunto no se sabe cómo, ni con qué medidas, se va a confrontar.

El poder político, en el presente, lo tiene Morena, y casi sin oposición en ese terreno. El poder económico —ese es otro problema— sigue en manos de una oligarquía que controla los grandes capitales, la industria, la banca (en manos de extranjeros), etc.

Es, hasta cierto punto, previsible que el poder económico —que utilizaba al Poder Judicial como un mecanismo para “defender” sus intereses— opte por abstenerse de invertir, retirar fondos de inversión, etc., ante la “posible inseguridad jurídica” que representan las decisiones de un Poder Judicial que, con acierto o sin él, tomó en cuenta no la ley, sino la “justicia”; entendida ésta como la que beneficie a los sectores que el poder político considere merecedores de ello.

Para comprender, a mi juicio, con más claridad lo que trato de explicar, me valdré de un supuesto hipotético. Para ello me va a auxiliar el periodista Jorge Zepeda Patterson, quien escribió en su columna periodística lo siguiente:

“¿Qué hará un juez frente a la invasión ilegal de terrenos de una empresa por parte de comuneros con el pretexto de estar sin uso?”

En la vida real, este hecho ya se ha presentado y tiene múltiples aristas: desde el caso de que los “comuneros”, por sí, decidan —ante la necesidad de contar con un lugar para vivir— invadir, hasta la situación en que esos “comuneros” son utilizados por líderes que no tengan otro interés que el de enriquecerse en su solo provecho.

El actual poder político podrá, y de hecho supongo que lo hará, proponer reformas a la Constitución para que, en caso de existir inmuebles “sin uso”, puedan ser expropiados. Esto podría provocar una alarma generalizada y acercarnos a una situación similar a la que enfrentan Cuba y Venezuela, por ejemplo. O bien, si se actúa con mayor prudencia, se podría proceder a una reforma fiscal que permita que quien tenga bienes invertidos en negocios y empresas, o simplemente como inversión especulativa, pague más impuestos. Que la base de contribuyentes abarque a la mayor parte de personas con actividad económica, y que cada uno soporte carga fiscal de acuerdo a sus ingresos. Esta y otras medidas, por impopulares, se han ido postergando.

Estamos en una encrucijada: con un gobierno cuyo poder político no tiene contrapeso y puede hacer lo que quiera, pero que está obligado a decidir tomando en cuenta el factor económico. Una economía apoyada en la generación de empleos por la iniciativa privada y, a la vez, en el beneficio actual de la mayoría, con una mejor distribución de la riqueza, a fin de que exista trabajo bien remunerado. Y esto solo se logra con la creación de empleos y, a su vez, con quien invierta y prospere. Corea, Japón, y en cierta medida hasta China (con un sistema socialista-comunista-capitalista) son ejemplo de ello, desde esta nueva óptica.

Otro periodista, Federico Novelo y Urdanivia, concluye su artículo dominical (8 de junio de 2025) con una frase que considero apropiada para estas líneas:

“… las reformas tienen un porqué. Y es hora de honrar el propósito de reducir radicalmente pobreza y desigualdad en México.
La incertidumbre debe provocar previsiones y una poderosa acción gubernamental … hay que poner en marcha las propuestas en el Plan México…”

El Plan México, según visualizo, toma en cuenta a la libre empresa, a la que genera empleos. Ejemplos de esos planes los tenemos desde gobiernos del PRI y del PAN, inclusive con el gobierno actual. Pero poco éxito han tenido, porque cada quien ve para sus exclusivos intereses y fines. Si eso no cambia, la realidad lo va a hacer. Pero es incierto qué va a suceder.

Ojalá el gobierno supere la soberbia de tener en sus manos el poder político, y por su parte, la empresa tenga la prudencia de entender que acumular riquezas no es compatible con un país donde prevalezca la enorme desigualdad económica que ahora existe.

 

Posdata

En teoría política, para alguna corriente, existe la idea de que para construir un “mejor mundo” primero conviene destruir el anterior, no reformarlo; pues transformar lo existente es un riesgo constante de consagrar el principio político del “gatopardismo”: cambiar para no cambiar. Si prevalece esta idea, nos esperan días oscuros e inciertos.