La ley



“No me vengan con que la ley es la ley”

Fui educado en un hogar en el que debía respetar al prójimo, porque ello es de elemental justicia. Con el tiempo, ratifiqué en la vida cotidiana el principio y la máxima del filósofo chino Confucio: "No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti". La justicia, decían los antiguos romanos, padres del derecho, consiste en dar a cada a cada quién lo que le corresponde. De inmediato, cualquiera podría interrogar: ¿Y quién decide lo que a cada uno corresponde?

A mi consideración, en primera instancia, el fundamento de la respuesta radica en la ley y, en segundo término, en el juez. De ahí nace la íntima conexión que existe entre justicia y ley; una no puede prevalecer sobre la otra. No debe resolverse una disputa o diferencia únicamente sobre el criterio de lo justo y olvidar la ley; a la inversa, tampoco.

Por ejemplo, cuando nació la ley del talión, basada en el principio de "ojo por ojo y diente por diente", fue un enorme avance social. Suponemos que en la época en que apareció esa ley, imperaba la ley del más fuerte. La ley del talión resultó, para ese tiempo, un principio de seguridad jurídica. Así, el agraviado por la muerte de un familiar no podía jurídicamente reclamar la muerte del responsable y, además, de su familia, únicamente del agresor. Si se excedía, la ley del talión debía aplicarse por ese exceso en su propia contra.

Somos seres humanos falibles, pasionales, prejuiciosos y con otros defectos. De ahí que, a lo largo de milenios, construimos instituciones, nos dimos leyes y éstas son el resultado de mucho esfuerzo intelectual y material, de luchas y disputas dirimidas con ríos de sangre.

En la Roma antigua, el ciudadano romano tenía y ejercía los derechos que la ley le concedía. El esclavo, en cambio, era considerado casi a nivel de cosa y no tenía derechos, salvo que fuese liberto, es decir, liberado de la esclavitud. Sin embargo, aún entre los ciudadanos romanos, no todos tenían los mismos derechos. El pater familiae gobernaba por derecho sobre los miembros de su familia y decidía, por ejemplo, con quién se casaban los hijos, sobre todo las hijas; o bien, la esposa estaba relegada legalmente a las decisiones del esposo.

La Historia, definida a veces como la “gran maestra”, nos enseña que quien ejerce el poder, particularmente el político, suele pecar en su ambición. Para ello, a lo largo de milenios, centurias o décadas, la ley, como resultado de acuerdos o convenios colectivos, define qué pueden hacer las autoridades y lo que corresponde a los ciudadanos; a eso le llamamos equilibrios del poder.


                                       
La máxima es que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no prohíban las leyes, y las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autorice. En sencillas palabras, es la consagración de la seguridad jurídica y política de una sociedad.

Cuando estudié la carrera de derecho, el ideal de llegar a ser jurista reconocido y acceder algún día al honor de ser ministro de la Suprema Corte era una meta, un sueño, como poder viajar a las estrellas. Al paso de los años, pude lograr que me designaran juez penal y, para mí, fue uno de los pasos más importantes en mi carrera. Como hombre de leyes, pude constatar lo difícil que es la tarea de ser juzgador, del conflicto que a veces se presenta entre lo que parece ser lo más justo, frente a la letra de la ley o a su interpretación.

Concluí mi periodo de juez y, aun cuando podía haber logrado la continuidad, ello suponía compromisos políticos que no podía aceptar. Política y justicia son como el aceite y el agua, se repelen, se contaminan. Fui juez y es una experiencia que difícilmente busqué repetir. Decidir cuál pena de prisión era la que la justicia debía imponer a quien resultara responsable, que podía ser entre 8 y 20 años o entre 15 y 40, es como convertirse en Dios, cuando, como alguna vez escribí, apenas se es “aprendiz de brujo”.

Cuando un político aplaude la decisión de los tribunales sólo porque le favorece o porque está conforme a lo que piensa y despotrica contra esa misma autoridad judicial porque una resolución es contraria a sus intereses o convicciones, es reprobable. Si se es político, y además se es autoridad, toda autoridad, desde la municipal hasta la primera magistratura, debe jurar respeto a la constitución y las leyes que de ella emanen, y en consecuencia, las resoluciones que la justicia emita.

Alguna vez pregunté a mis alumnos por qué, después de casi tres milenios, seguimos las enseñanzas y el pensamiento de Sócrates, y respondí: porque cuando uno de sus discípulos llegó a su celda en la noche anterior a que debía tomar la cicuta, veneno que le quitaría la vida en cumplimiento a la sentencia dictada en su contra, le informó a su maestro que podía huir de esa celda y evitar morir. Sócrates le dijo a Critón, su discípulo: "Debemos discutir si huir es lo correcto."

Critón, supongo, se jalaba de los pelos. "Maestro, la sentencia en su contra ¿es justa?, ¿maestro, es culpable de lo que le acusan?". Sócrates contestó: "No, no es justo, no soy culpable, pero así es la ley. No puedo vivir hasta la ancianidad obedeciendo la ley y después renegar de ésta porque piensa que no se me debe aplicar."

Por eso, Sócrates es grande entre los grandes, porque nos legó el principio de que una comunidad subsiste si respetamos la ley. No podemos obedecer la ley cuando nos conviene y renegar de ella cuando pensamos que nos perjudica.

Si pensamos que el sistema jurídico debe respetarse si éste beneficia a los pobres, es tan nocivo como cuando beneficia sólo a los ricos. Si esto me coloca en la clase media aspiracionista, me declaro culpable. Toda mi vida he tenido que luchar, si por empeñarse es superarse en el estudio, en el trabajo, en ser honesto, diligente, puntual, respetuoso; si lo he logrado o en qué medida lo he logrado, no me corresponde decidir si lo fue o no.

En la próxima elección, a juicio de estudiosos de la política, se perfila una visión de lo que debe ser México. Una que, desde hace años, pregona: "No me vengan con que la ley es la ley", y la otra: "Las leyes y su cumplimiento son las que permiten la seguridad jurídica y política”. Que cada quién decida.





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