Qué pasará, qué misterio habrá...

“Lo primero que pierde un político es el pudor, lo segundo la vergüenza”.

Diego Petersen Farah, periodista

Me enteré por las noticias que difunde la prensa y la televisión de que la ministra presidenta del Poder Judicial Federal, Norma Piña, no fue invitada al evento que, año con año, conmemora la expedición de la Constitución mexicana cada 5 de febrero.

La Constitución, llamada también Carta Magna, es el documento en el que se plasman los principios y reglas que estructuran los derechos fundamentales de los ciudadanos de cada país, así como la forma de gobierno.

En nuestro país, la Constitución de 1917 cristalizó en normas jurídicas lo que los habitantes eligieron para ser gobernados y decidieron adoptar un sistema democrático, republicano y federal, semejante al que se instauró en las Constituciones de 1824 y 1857, antecedentes de la actual de 1917. En todas ellas se señala que el poder político reside en el pueblo y que este lo delega para su ejercicio en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En la Carta Magna vigente se proclama que dichos poderes no podrían depositarse en uno solo de ellos. Es decir, se aceptó como principio toral la teoría del filósofo Montesquieu de la división de poderes como forma de evitar gobiernos tiránicos y repartiendo el poder político.

Sin embargo, la historia ha demostrado que bajo el amparo de reglas democráticas suele suceder que el poder deriva a un gobierno autoritario y de ahí a la tiranía solo ha sido cuestión de tiempo. El poder, una vez concentrado, decide sin necesidad de consultar o tomar en cuenta opinión o criterio que disienta lo que a su juicio resulta a favor de los ciudadanos. Generalmente esa concentración ocurre en beneficio del poder ejecutivo. Cuando esto sucede, quien concentra el poder se autoproclama defensor de la democracia, la república y el sistema federal. Sin embargo, esto no es más que una apariencia, ya que, en la práctica, el reparto de poderes se convierte en una falacia. La vida cotidiana lo demuestra cuando el Ejecutivo considera que una ley o algún poder real o fáctico obstaculiza su actuar. Una vez concentrado el poder, quien lo ejerce alega que sus decisiones son únicamente el reflejo de la voluntad del pueblo, del cual se asume su fiel intérprete.

A mi juicio, esa concentración del poder público ocurrió durante el gobierno del fundador del partido político Morena (2018-2024). El Poder Ejecutivo, al que la Constitución faculta para proponer leyes, incluidas aquellas que modifican la propia Constitución, enviaba al Poder Legislativo propuestas de ley o reformas normativas con la orden de aprobarlas si

Durante su mandato, si el Poder Judicial resolvía algún asunto de manera favorable al gobierno, este se deshacía en elogios hacia dicho poder. Sin embargo, si el fallo resultaba contrario a sus intereses, el presidente atacaba día tras día, en sus conferencias matutinas, tanto al Poder Judicial en su conjunto como a sus integrantes, ya eran ministros, magistrados o jueces de distrito. A todos les endilgaba calificativos, casi siempre calumniosos, acusándolos sin pruebas de corrupción, de ser emisarios del pasado o cómplices del neoliberalismo, etcétera.

Ironías de la vida: el presidente López Obrador, el 5 de febrero de 2024, en su último año de gobierno, propuso reformas constitucionales, entre ellas la de que los miembros del Poder Judicial, desde ministros hasta jueces de distrito, fueran designados por elección popular. Argumentó que esto permitiría que la ciudadanía, a través de una tómbola, escogiera a los mejores candidatos, eliminando la corrupción y el nepotismo del actual poder judicial.

En su primer intento de modificar la Constitución para establecer este método de selección, no tuvo éxito. Sin embargo, cuando en septiembre de 2024 su partido político logró mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi la totalidad necesaria en la Cámara de Senadores, su propuesta fue aprobada, reformando así el Poder Judicial.

En el proceso de la anunciada muerte de la independencia del Poder Judicial, el 5 de febrero de 2025, al llevarse a cabo la ceremonia conmemorativa de la Constitución en el Teatro Juárez, en la ciudad de Querétaro—donde el 5 de febrero de 1917 se aprobó la Constitución—, la presidenta Claudia Sheinbaum, organizadora del evento, no invitó a la ministra Norma Piña, a pesar de que protocolariamente era lo correcto. En cambio, incluyó como “invitadas especiales” a tres ministras de la Corte: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel, quienes han votado de manera sistemática a favor del gobierno en los asuntos que interesarán a ese poder.

La razón de la negativa a invitar a la ministra Norma Piña radicó en que esta “no ha respetado al Poder Ejecutivo y a la propia Constitución”, y se “dedica a poner obstáculos a la Reforma Judicial”.

Paradojas de la vida: te acuso de atentar contra lo que en tu vida profesional le has dedicado tu mejor empeño: defender la Constitución.

Posdata: Lástima, Margarito, a tu edad ya difícilmente sabrás cuál fue el resultado.