"Abrazos, no balazos"

En esta frase emblemática de la estrategia gubernamental de este sexenio, se ha vendido la idea de que la violencia que entraña la conducta antisocial no se puede contrarrestar con medidas excesivamente represivas; en ese sentido, la comparto.

Sin embargo, ante un fenómeno tan complejo como lo es la criminalidad, en donde hemos pasado de la delincuencia denominada “común”, que incurre en amenazas, robos sin violencia, lesiones o muertes en riña, a la organizada, expresada en homicidios y feminicidios de extrema violencia o crueldad, no es posible suponer que, con sólo “abrazos o regaños” de los padres o abuelos de las personas que delinquen, se pueda provocar una disminución de esos hechos criminales. En efecto, otros factores influyen en que el fenómeno de la violencia no sólo no disminuya, sino que haya crecido; la impunidad, que tiene su causa u origen en multitud de casos en la corrupción de las instituciones encargadas de aplicar las leyes, o en consideraciones de costo-beneficio que los probables delincuentes pesan para cometer o no el delito.

México es un país de enorme desigualdad y discriminación; esa es la realidad y así lo acreditan estadísticas y estudios macro y microeconómicos. En efecto, los indicios que se toman como guías para determinarlo arrojan que no menos del 50% de los habitantes se encuentran en esa situación, y de ellos, una buena parte se ubica en la extrema pobreza. Lo peor es que este panorama se viene arrastrando sexenio tras sexenio. El actual gobierno reclamó como divisa cambiar de raíz este panorama bajo la premisa “Primero los pobres”, centrando como acción fundamental combatir la corrupción, tomando en cuenta que México está calificado como una de las naciones más corruptas. Así, el planteamiento de una política sustentada en combatir la corrupción, pilar de la impunidad, no podíamos menos que aplaudirla.

La interrogante que nos planteamos ahora es: después de 6 años, ¿cuáles son los resultados? Fríamente ajenos a filiaciones políticas, atendiendo únicamente a los datos estadísticos, a lo objetivo, tenemos que admitir que los delitos, los más graves: homicidios, feminicidios, robos con violencia, tráfico de estupefacientes, no han disminuido, más bien están al alza; pero, además, hay regiones del país que se encuentran bajo el dominio del crimen organizado; las elecciones que parecían ajenas a la criminalidad organizada, ahora no lo son. La impunidad sigue a niveles superiores al 90%. Así, la corrupción sigue imperando y otros rubros como la salud, la educación, la cultura, no sólo no han mejorado, han empeorado.

Entregar el país en el eje de la seguridad pública y de otros aspectos a la Guardia Nacional, a la que se le han destinado cuantiosos presupuestos, el doble, el triple o más que la totalidad de los cuerpos de seguridad estatales y federales, no ha arrojado una mejor seguridad pública, pues sus elementos, preparados en los cuarteles con el ADN de la seguridad exterior, se les ocupa en escenarios para los que no es su vocación, ni su preparación, lo que resulta en una grave equivocación, salvo que se tengan otras intenciones.

Lo más preocupante está por venir. Si el país está en manos del ejército y su actual comandante no tarda en irse, cabe con temor preguntarse: ¿se acudirá al fraude apoyado en las bayonetas, en caso de un resultado adverso electoral para el grupo político que actualmente gobierna, o bien, ¿qué sucederá si un miembro del ejército se postula para gobernar el país y pierde?

Para perforar el estómago de algunos de mis lectores con una súbita úlcera, le tendría que pedir que revise la historia de algunos gobiernos populistas sudamericanos como Argentina, Chile y otros.

La conocida frase "no hay peor ciego que el que no quiere ver" parece anticipar el presagio de Casandra, la hija del rey de Troya, que con clarividencia advertía, señalando a gritos el desastre por ocurrir.