Genaro García Luna
Mis estimados cuatro lectores los voy a decepcionar contra lo que puedan suponer por el título de este escrito. No voy a dedicarlo al personaje que se menciona, que de suyo es un tema controversial y sin duda interesante; en su lugar aprovecho la novedad del tema por el juicio oral y adversarial que enfrenta en el sistema penal norteamericano.
En México, desde que inició como país independiente en 1821 hasta el año 2008, es decir prácticamente durante 200 años, imperó el sistema penal de corte inquisitorial y escritural, bastante distinto al que rige en los Estados Unidos.
Es evidente que el sistema penal, la forma en que se imparte justicia en un país, responde a su historia y tradiciones. En México, particularmente en la ciudad de México, se ensayó aplicar el sistema oral y adversarial semejante al del vecino país del norte, incluyendo el tema del juicio penal ante un jurado, durante unos cuantos años en el segundo lustro de los años “veinte” del siglo pasado. El intentó fracasó y a juicio de algunos especialistas, se debió a que el jurado, contra pruebas evidentes de culpabilidad, decidía que no había culpable, ello debido a que la defensa lograba con argumentos sentimentales o emocionales ganarse la simpatía en favor de su defenso (a) (ejemplo el de María Teresa de Landa quien fue coronada como “Señorita México” en 1928).
Ahora, con la reforma constitucional del 2008 el sistema “tradicional” cambió a uno semejante al norteamericano pero con notables diferencias: una de las principales se refiere a que en México no se adoptó la institución jurídica del “jurado” sino que se conservó que sea un juez o jueces los que decidieran sobre culpabilidad o inocencia y aplicaran la sentencia que correspondiera.
Desde su inicio me he inclinado decididamente por el nuevo sistema penal oral y adversarial que se ha incorporado a la forma de impartir justicia, al que considero superior y preferible al anterior. Me parece que no debemos escuchar el “canto de las sirenas” de quienes abogan por retornar al pasado. Sin embargo, no ignoro, sino más bien reconozco que dos temas fundamentales son un escollo que debe superarse.
El primero de ellos se refiere a la cultura social, o sea, en México la sociedad en general está educada a la cultura del “castigo” y que para ser efectivo debe terminar en la “cárcel”. Si no hay “rejas” de por medio no hay justicia.
En el nuevo sistema penal oral y acusatorio se espera una cultura social distinta. El “castigo” debe ser suplido (salvo delitos graves) por sanciones “restauradoras” o “reparatorias” donde lo importante es que el victimario acepte su responsabilidad y reconozca ante su víctima que obró en perjuicio de sus derechos y realice acciones para reparar su acción delictiva (desde pedir perdón, reparar el daño, desarrollar trabajos en favor de la comunidad, etc.).
Esta cultura social distinta exige que los operadores del sistema penal, jueces, fiscales, abogados, policías, comunicadores, etc., estén convencidos y decididos de que ese cambio nos llevará a ser una mejor sociedad, pues es importante que a través de ellos se “destierre” la cultura de castigo por una restauradora del orden y paz social y que el sistema de penas “reparatorias” funcione.
Y como dijo el personaje novelesco del “zurdo” Mendieta, “ándeme paseando”, que significa “esto está difícil”.
El otro tema, a mi juicio, lo entraña el entorno social y sobre todo económico que existe en los Estados Unidos, muy diferente al de México. Concretamente me refiero a que una persona que enfrenta, sea como presunto inocente o como víctima un juicio penal, y que se vea precisada a acudir a un abogado para que defienda sus derechos, lo hace en condiciones, por lo común, muy diferentes en Estados Unidos que en México.
En Estado Unidos cualquier servicio de un profesional, médico, ingeniero o abogado, cobra honorarios que no cualquiera puede pagar, pero en el caso de la justicia penal en Estados Unidos cuenta con ese servicio para quien no pueda pagarlo; en México, sucede algo parecido, salvo que brinda servicios gratuitos de defensa legal bastante deficientes.
Una buena defensa penal en Estados Unidos requiere de un buen abogado y de su equipo, es decir, cuando se requiere preparar un juicio oral y adversarial el abogado defensor (o el fiscal) debe contar cuando menos con uno o dos abogados auxiliares de tiempo completo, con uno o dos investigadores, uno o dos colaboradores con experiencia en recabar precedentes o tesis jurisprudenciales, además de personal administrativo. Piense el lector ¿Cuánto me va a costar ese ejército? Sí, eso que está pensando: “un ojo de la cara”.
En México, aún estamos en pañales frente a ese escenario. El abogado, por lo común, se hace cargo y suple todos los pormenores del equipo mencionado pues su clientela no está en condiciones de pagar ese ejército.
Por ello, en un libro que recién me obsequió mi buen amigo el abogado Rogelio Rivero Estens, “Manual de Contrainterrogatorio” y que en tres o cuatro semanas lo he leído, señala que en una ocasión le preguntaron a Lee Bailey famoso abogado litigante en Materia penal (miembro del “Dream team” de la defensa de O. J. Simpson) qué consejo podía dar al estudiante frente a un juicio: “Preparación, preparación y preparación”, que traducido al cristiano se expresa como, “ponte a trabajar, tú y tu equipo”. ¡Ah, no tienes equipo! ¡a trabajar el doble o triple!
El libro de referencia es excelente y si te deja enseñanzas, vale en oro el tiempo que le dedicaste, pero no olvides que refleja otro contexto social y cultural; en México, tienes que adaptarte a otras condiciones. El caso de Genaro Luna es muy diferente: tiene a un ejército para su defensa que debe costar una fortuna. Sólo para tener una idea. su “equipo” tuvo que revisar durante meses, antes del juicio oral, más o menos un millón de documentos (informes, videos, cuentas bancarias, declaraciones de testigos vertidas ante policías, fiscales, etc.) La fiscalía, a su vez, cuenta con otro ejército, el de la parte acusadora. ¿Quién va a ganar? Se supone que en 8 semanas, a fines de febrero o mediados de marzo 2023 sabremos la respuesta.
En México, desde que inició como país independiente en 1821 hasta el año 2008, es decir prácticamente durante 200 años, imperó el sistema penal de corte inquisitorial y escritural, bastante distinto al que rige en los Estados Unidos.
Es evidente que el sistema penal, la forma en que se imparte justicia en un país, responde a su historia y tradiciones. En México, particularmente en la ciudad de México, se ensayó aplicar el sistema oral y adversarial semejante al del vecino país del norte, incluyendo el tema del juicio penal ante un jurado, durante unos cuantos años en el segundo lustro de los años “veinte” del siglo pasado. El intentó fracasó y a juicio de algunos especialistas, se debió a que el jurado, contra pruebas evidentes de culpabilidad, decidía que no había culpable, ello debido a que la defensa lograba con argumentos sentimentales o emocionales ganarse la simpatía en favor de su defenso (a) (ejemplo el de María Teresa de Landa quien fue coronada como “Señorita México” en 1928).
Ahora, con la reforma constitucional del 2008 el sistema “tradicional” cambió a uno semejante al norteamericano pero con notables diferencias: una de las principales se refiere a que en México no se adoptó la institución jurídica del “jurado” sino que se conservó que sea un juez o jueces los que decidieran sobre culpabilidad o inocencia y aplicaran la sentencia que correspondiera.
Desde su inicio me he inclinado decididamente por el nuevo sistema penal oral y adversarial que se ha incorporado a la forma de impartir justicia, al que considero superior y preferible al anterior. Me parece que no debemos escuchar el “canto de las sirenas” de quienes abogan por retornar al pasado. Sin embargo, no ignoro, sino más bien reconozco que dos temas fundamentales son un escollo que debe superarse.
El primero de ellos se refiere a la cultura social, o sea, en México la sociedad en general está educada a la cultura del “castigo” y que para ser efectivo debe terminar en la “cárcel”. Si no hay “rejas” de por medio no hay justicia.
En el nuevo sistema penal oral y acusatorio se espera una cultura social distinta. El “castigo” debe ser suplido (salvo delitos graves) por sanciones “restauradoras” o “reparatorias” donde lo importante es que el victimario acepte su responsabilidad y reconozca ante su víctima que obró en perjuicio de sus derechos y realice acciones para reparar su acción delictiva (desde pedir perdón, reparar el daño, desarrollar trabajos en favor de la comunidad, etc.).
Esta cultura social distinta exige que los operadores del sistema penal, jueces, fiscales, abogados, policías, comunicadores, etc., estén convencidos y decididos de que ese cambio nos llevará a ser una mejor sociedad, pues es importante que a través de ellos se “destierre” la cultura de castigo por una restauradora del orden y paz social y que el sistema de penas “reparatorias” funcione.
Y como dijo el personaje novelesco del “zurdo” Mendieta, “ándeme paseando”, que significa “esto está difícil”.
El otro tema, a mi juicio, lo entraña el entorno social y sobre todo económico que existe en los Estados Unidos, muy diferente al de México. Concretamente me refiero a que una persona que enfrenta, sea como presunto inocente o como víctima un juicio penal, y que se vea precisada a acudir a un abogado para que defienda sus derechos, lo hace en condiciones, por lo común, muy diferentes en Estados Unidos que en México.
En Estado Unidos cualquier servicio de un profesional, médico, ingeniero o abogado, cobra honorarios que no cualquiera puede pagar, pero en el caso de la justicia penal en Estados Unidos cuenta con ese servicio para quien no pueda pagarlo; en México, sucede algo parecido, salvo que brinda servicios gratuitos de defensa legal bastante deficientes.
Una buena defensa penal en Estados Unidos requiere de un buen abogado y de su equipo, es decir, cuando se requiere preparar un juicio oral y adversarial el abogado defensor (o el fiscal) debe contar cuando menos con uno o dos abogados auxiliares de tiempo completo, con uno o dos investigadores, uno o dos colaboradores con experiencia en recabar precedentes o tesis jurisprudenciales, además de personal administrativo. Piense el lector ¿Cuánto me va a costar ese ejército? Sí, eso que está pensando: “un ojo de la cara”.
En México, aún estamos en pañales frente a ese escenario. El abogado, por lo común, se hace cargo y suple todos los pormenores del equipo mencionado pues su clientela no está en condiciones de pagar ese ejército.
Por ello, en un libro que recién me obsequió mi buen amigo el abogado Rogelio Rivero Estens, “Manual de Contrainterrogatorio” y que en tres o cuatro semanas lo he leído, señala que en una ocasión le preguntaron a Lee Bailey famoso abogado litigante en Materia penal (miembro del “Dream team” de la defensa de O. J. Simpson) qué consejo podía dar al estudiante frente a un juicio: “Preparación, preparación y preparación”, que traducido al cristiano se expresa como, “ponte a trabajar, tú y tu equipo”. ¡Ah, no tienes equipo! ¡a trabajar el doble o triple!
El libro de referencia es excelente y si te deja enseñanzas, vale en oro el tiempo que le dedicaste, pero no olvides que refleja otro contexto social y cultural; en México, tienes que adaptarte a otras condiciones. El caso de Genaro Luna es muy diferente: tiene a un ejército para su defensa que debe costar una fortuna. Sólo para tener una idea. su “equipo” tuvo que revisar durante meses, antes del juicio oral, más o menos un millón de documentos (informes, videos, cuentas bancarias, declaraciones de testigos vertidas ante policías, fiscales, etc.) La fiscalía, a su vez, cuenta con otro ejército, el de la parte acusadora. ¿Quién va a ganar? Se supone que en 8 semanas, a fines de febrero o mediados de marzo 2023 sabremos la respuesta.
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